AC7024-2017
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-01920-00
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Se decide la solicitud de cambio de radicación formulada por Ingeniería Colombiana de Proyectos Ltda. -Incolproy Ltda.-, en relación con el proceso de rendición provocada de cuentas que promovió contra la compañía Proyectos y Sistemas Contables Ltda. y Virginia Rozo García.
El apoderado de la empresa promotora de este trámite pretende el traslado de la mencionada actuación adelantada por el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Villavicencio, a los Jueces de la misma categoría y especialidad de Bogotá, por considerar afectada su seguridad e integridad y la del representante legal de su poderdante.
En sustento de la aludida aspiración, señala que como consecuencia de la conformación de la unión temporal entre las sociedades demandante y convocada, debido a las diversas irregularidades e inconsistencias encontradas en el desarrollo del contrato Nº 5206092 celebrado con Ecopetrol, cometidas por la persona natural convocada, la aquí solicitante promovió la referida acción, la cual fue admitida por el mencionado despacho judicial, quien igualmente atendió el requerimiento de medidas cautelares elevado por la accionante y que afectan a la parte demandada.
Luego de haber fracasado el intento conciliatorio llevado a cabo dentro del aludido proceso, el representante legal de Incolproy Ltda., señor Víctor Hugo Rueda, ha recibido diversas llamadas extorsivas e intimidatorias por personas no identificadas, conminándolo a levantar las medidas cautelares, «so pena de recibir atentados en contra de su integridad, la de su familia y de (…) [su] abogado», aquí interviniente.
Las referidas amenazas, agrega, se produjeron en reiteradas oportunidades y entre otras graves manifestaciones le fue indicado «que realizarían un atentado en su lugar de trabajo y casa de habitación», acción que se materializó, como quedó registrado en varios medios de comunicación, pues «el día 18 de mayo se presentó una explosión en las oficinas de la empresa Incolproy Limitada».
La investigación, tanto de esos hechos, como de las amenazas contra la integridad personal de Víctor Hugo Rueda, representante legal de Incolproy Ltda., es adelantada por la Fiscalía 359 delegada ante el Gaula, y tales acontecimientos conllevaron a que le fuera asignada protección especial, recomendándosele además, limitar su movilidad a otras ciudades y en especial a Villavicencio.
Debido al peligro que representa para la vida y la integridad personal de los intervinientes en el proceso, en especial de Víctor Hugo Rueda y de su apoderado, se abstuvieron de asistir a la continuación de una audiencia prevista para el pasado 17 de julio, pues al parecer, las amenazas, las llamadas extorsivas y el atentado en mención, pretenden evitar la comparecencia de aquel al proceso.
Tendiente a acreditar tales sucesos, el peticionario allegó escrito emanado del Fiscal Local 359 y dirigido a esta Corte, en donde informa que desde el 8 de mayo del presente año, ese despacho asumió el conocimiento de la denuncia que formuló Víctor Hugo Rueda Ardila, por el delito de extorsión, hallándose en estado de indagación, y en la cual, éste manifiesta haber recibido «un sobre sellado con contenido intimidante con insignias alusivas a las Farc EP», atribuyendo esa situación a la existencia «de un proceso civil adelantado en la ciudad de Villavicencio por parte de los juzgados Quinto y Cuarto Civil del Circuito, donde se solicitaron medidas cautelares en contra de la señora Virginia Rosa García».
Según agrega el señor Fiscal, «el 18 de mayo se produjo la explosión de un artefacto explosivo en la calle 35 Nº 14-70, frente al inmueble donde funciona la empresa de razón social Incolproy Ltda., de la cual es gerente del señor Víctor Hugo Rueda Ardila».
El solicitante transcribió asimismo la publicación del periódico El Tiempo, edición del viernes 19 de mayo de 2017 con el título «explosión en Teusaquillo sería por un ajuste de cuentas», y el siguiente desarrollo: «De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Sijín y el Gaula de la Policía la explosión que sacudió en la noche de este jueves al sector de Teusaquillo, entre la calle 35 con carrera 15, en el centro de Bogotá, se debe a una retaliación o ajuste de cuentas contra el propietario de la vivienda por un caso de amenazas relacionado con el embargo de una empresa de ingeniería del sector petrolero que funciona en el lugar».
Esta medida, por demás extraordinaria, pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, logrando así, que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obstáculo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.
El comentado instituto procesal se erige, entonces, en una objetiva excepción al principio de la competencia territorial fijada en el artículo 28 del Código General del Proceso, pues la alteración emanada de circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garantías fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripción judicial en donde se adelanta el juicio.
Por ello, en punto de la procedencia de la mencionada medida residual, el precepto inicialmente citado, dispone:
«El cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes», e igualmente, «cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura»1.
Lo anterior pone de presente que la señalada solución constituye una medida residual y extrema, pues únicamente procede, cuando la anómala situación tenga incidencia negativa en el respectivo escenario procesal y geográfico, sin que para conjurar los hechos generadores de esa irregularidad existan mecanismos jurídicos alternativos, o cuando habiéndose acudido a ellos, no se han logrado los resultados esperados.
Esas circunstancias, en consecuencia, además de su explícito señalamiento, exigen el acompañamiento de los medios de persuasión correspondientes, para que con ese fundamento, la Sala Civil del respectivo Tribunal o de la Corte Suprema de Justicia, decida, sin más. De ahí que, según la norma en comento, «a la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretendan hacer valer y se resolverá de plano por auto que no admite recursos».
«Esta figura excepcional, al decir de la Sala, (…) se constituye en una medida de protección extraordinaria para evitar la lesión de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el ánimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes confían la solución de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, sólo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (…) a.-) Factores que puedan perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías en el trámite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (…) b.-) Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos (…)»2.
Referente a las anotadas circunstancias, la Sala, en decisión CSJ AC3096-2017, expuso:
«La afectación del orden público a que se refiere la norma dice relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generan zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta.
Así, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podría poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administración de justicia podrían resultar lesionadas.
De igual modo, es factible que episodios de esa misma índole tengan la magnitud de incidir en la práctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaración; se obstruye la aportación de documentos; o se interfiere en la realización de una inspección judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garantías procesales.
Tales disturbios o anomalías, además de deteriorar la vida en armonía de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administración de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso específico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia».
Así mismo, respecto de situaciones como la invocada en la presente solicitud, en proveído CSJ AC 24 jun. 2013, Rad. 2012-02646-00, precisó:
«En cuanto a la seguridad e integridad de los intervinientes, deben entenderse como aquellas condiciones que pongan en peligro la vida o la salud, física o psicológica, de cualquiera de los sujetos procesales vinculados a la respectiva controversia judicial, vr. gr., amenaza o agresiones al funcionario judicial o sus colaboradores, a las partes, los abogados, testigos, auxiliares de la justicia. Por supuesto, las situaciones presentadas deben ser serias, constantes e insuperables no obstante la intervención regular y normal de la autoridad pública.»
Al analizar los supuestos fácticos soporte de la solicitud de cambio de radicación, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio a su homólogo de Bogotá, se evidencia la insuficiencia de la carga argumentativa y probatoria que permita considerar la viabilidad de esa medida extrema.
Lo anterior, porque el escrito petitorio carece de información precisa respecto de los episodios circunscritos a la afectación de la seguridad o integridad personal de los intervinientes, particularmente de la parte demandante, en la circunscripción territorial correspondiente al despacho judicial en donde se tramita el proceso de rendición provocada de cuentas.
Si bien, el peticionario refiere la presencia de amenazas e inclusive, la explosión de un artefacto en una de sus propiedades localizadas en la capital de la República, lo cierto es que no se acreditó que el hostigamiento hubiera tenido lugar en la localidad correspondiente a la del trámite del proceso de rendición provocada de cuentas, ni que tales episodios tuvieran como génesis el aludido juicio tramitado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio y, particularmente, las medidas cautelares allí decretadas.
Esa falta de acreditación se corrobora con la inferencia del peticionario, según la cual: «al parecer las amenazas, las llamadas extorsivas y el atentado mediante artefacto explosivo, han tenido como objeto intimidar a mi prohijado para que no acuda al proceso»3, sin que haya prueba alguna confirmatoria de esa deducción.
Si bien se adjuntó escrito proveniente de la Fiscalía Local 359 de Bogotá, en el cual se informa sobre la existencia de la actuación penal, «en estado de indagación», por el delito de extorsión, «donde denuncia el señor Víctor Hugo Rueda Ardila recibir un sobre sellado con contenido intimidante con insignias alusivas a las Farc EP, indicando en la denuncia de tratarse de un proceso civil adelantado en la ciudad de Villavicencio por parte de los juzgados Quinto y Cuarto Civil del Circuito, donde se solicitaron medidas cautelares en contra de la señora Virginia Rosa García», ello tampoco encuentra confirmación, pues ni siquiera fue exhibido dicho panfleto, ni se probó la aludida insinuación concerniente a limitar su movilidad a otras ciudades y en especial a Villavicencio.
Por lo demás, cabe señalar que fuera de esas manifestaciones provenientes del propio solicitante del cambio de radicación, no hay elemento de juicio indicativo de la razón de esas amenazas o atentado, y menos que permita identificar como fuente de ellos, el proceso adelantado en el primero de los estrados judiciales referidos en la denuncia, dado que conforme a lo allí señalado, igualmente el Juzgado Cuarto de la mencionada especialidad y localidad, adelanta procesos en los cuales ambas tienen vínculo.
Similar comentario merece la nota periodística transcrita, derivada de la explosión ocurrida en un inmueble localizado en Bogotá, pues ninguna evidencia permite aseverar que la misma fue producto de la demanda promovida por la empresa representada por el señor Víctor Hugo Rueda Ardila y tramitada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio.
Si lo anterior es así, no hay lugar al cambio de radicación pretendido, pues según lo expuesto, las situaciones capaces de variar el factor de competencia, además de su concreción, deben hallarse debidamente acreditadas, junto con la exposición de su trascendencia, o en otras palabras, se impone demostrar los hechos específicos perturbadores de la función jurisdiccional presentados en el sitio o región correspondiente al del trámite del juicio, la capacidad o injerencia de ellos en el desenvolvimiento y definición de éste, y la ausencia de mecanismos para conjurar tales anomalías, comprobación que en este asunto, no se produjo.
Es más, los sucesos anómalos relatados por el peticionario, no son lo suficientemente claros como para entender la necesidad de trasladar el proceso de rendición provocada de cuentas del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la capital del Meta a su homólogo de Bogotá, puesto que, ninguna manifestación existe de haberse presentado algún acontecimiento capaz de perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías procesales de las partes, o la seguridad o integridad de éstas en la ciudad de Villavicencio; más bien, lo relatado revela que esa molestia, de tener por causa el mencionado proceso, ha ocurrido en Bogotá, lugar a donde se pretende el traslado de multicitado juicio.
Tampoco se acreditó que en Villavicencio sea imposible neutralizar los factores o situaciones fundamento de la solicitud y que en razón de ello, se menoscaban las garantías procesales o la seguridad e integridad de los intervinientes en el litigio.
Por lo demás, no se menciona de qué manera el cambio de radicación podría evitar el despliegue de eventuales conductas hostiles en contra del peticionario y de su apoderado judicial en Bogotá, y por qué en Villavicencio no pudieran ser obviadas.
Si en adición a lo expuesto, el mismo peticionario informa que «le han asignado protección especial», ello es indicativo de que en la capital del Meta, pueden contrarrestarse esos elementos perturbadores.
No obstante, de existir alguna situación que ponga en peligro la integridad del solicitante y de su abogado, los afectados pueden neutralizar esa irregular situación a través de mecanismos diferentes a la modificación de la competencia territorial, como sería acudiendo ante las autoridades competentes para solicitar o incrementar su protección, para lo cual esta Corporación, en el presente proveído, formula exhortación para que sea atendida con la mayor diligencia cualquier denuncia o reclamación de los afectados en la materia.
En tales condiciones, como no se advierte mérito suficiente para acceder al cambio de radicación, el respectivo pedimento habrá de ser negado.
No se olvide, que como ya se expuso, las circunstancias generadoras de tal solicitud deben hallarse suficientemente demostradas desde el mismo momento en que se acude a este mecanismo excepcional, pues su trámite no involucra la práctica de pruebas, ni conlleva el adelantamiento de diligencia alguna tendiente a investigar o establecer los hechos configurativos del cambio de radicación.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
PRIMERO. NEGAR la solicitud de cambio de radicación propuesta mediante apoderado, por la sociedad Ingeniería Colombia de Proyectos Ltda. - Incolproy Ltda., respecto del proceso de rendición provocada de cuentas que promovió contra la compañía Proyectos y Sistemas Contables Ltda. y Virginia Rozo García.
SEGUNDO. ADVERTIR que contra esta determinación no proceden recursos.
TERCERO. ARCHIVAR la actuación aquí surtida.
Notifíquese,
Magistrado
1 Subraya la Corte.
2 El subrayado no hace parte del texto original.
3 Subraya, fuera del texto.